El Agua se defiende, No a la privatización de AySA

El gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa que provee el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del Área Metropolitana. Repite el modelo de hace 30 años, con el mismo argumento de reducir gastos y pagar la deuda pública, en línea con las imposiciones del FMI. Se ignora el carácter ilegítimo y fraudulento de esa deuda y las consecuencias trágicas de la privatización anterior.

El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano reconocido por leyes nacionales e internacionales. Es obligación del Estado garantizarlo y no puede haber retrocesos: el agua es vida, un bien público escaso y esencial; no pertenece a gobiernos ni corporaciones.

Llamamos a defender el agua y a rechazar este atropello a la población y al ambiente, a lxs trabajadorxs, a nuestra soberanía y derechos, desde el más amplio abanico de fuerzas.

Hagamos un poco de historia

El sistema de agua y saneamiento en el país nació en respuesta a las epidemias de cólera y fiebre amarilla de fines del siglo diecinueve. A través de Obras Sanitarias de la Nación (OSN), el Estado brindó el servicio a las principales ciudades del país durante casi 100 años, hasta que en 1980 la dictadura lo transfirió a las provincias por presión del FMI y el Banco Mundial. OSN retuvo el servicio en el gran Buenos Aires, donde hoy conviven 15 millones de personas.

En los ‘90, tras la crisis de deuda y la hiperinflación, el deterioro del servicio sembró las bases para la privatización que llegó con Menem. “Aguas Argentinas”, liderada por la empresa francesa Suez, fue una de las grandes tragedias de esa década. A cambio del 10% de las acciones, la complicidad de la dirigencia sindical habilitó que la empresa perdiera la mitad de su personal. Aplicó tarifazos y desinversiones y los cortes de servicio y el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento se volvieron moneda corriente. Procesos similares en otras partes del país y el mundo llevaron a resultados similares.

Luego de la crisis de 2001 y después de años de reclamos de los usuarios y luchas comunitarias denunciando los abusos de la empresa, en 2006 el gobierno rescindió el contrato y creó AySA. A pesar de sus incumplimientos y rentas extraordinarias, Suez inició un juicio en el CIADI, tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial que falló a favor de la empresa y tuvimos que pagarle más de 400 millones de dólares de indemnización. 

Y ahora, ¿qué pasa?

Hoy la empresa es una sociedad anónima, lo cual facilita su reprivatización. El 90% de la empresa está en manos del Estado y el 10% restante en manos del Sindicato del Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. Se retomaron las inversiones, y con la lucha de los movimientos territoriales se logró ampliar la cobertura, aunque aún resta asegurar este derecho básico a toda la población. Quedan varias obras y reclamos de asambleas y vecinos/as pendientes, incluyendo aspectos referidos a los efluentes cloacales y la participación y control de trabajadorxs y usuarixs en la gestión.

Pero con Milei, empezando con el DNU 70/23, las obras se paralizaron, cerraron oficinas de atención al público, aumentaron casi 400 % las tarifas, se quitaron subsidios, se redujo el personal, se eliminaron los programas cooperativistas que trabajaron en la expansión de la cobertura en los barrios populares, se disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) a cargo del financiamiento, planeamiento, control y ejecución de las obras, y se dio por terminado el saneamiento del Riachuelo.

El gobierno lanzó la privatización en sí en julio, a través de los decretos 493 y 494/2025, mientras negociaba con el FMI las exigencias del nuevo acuerdo. Uno habilita el llamado a licitación para la concesión del 51% de la empresa y la venta de las acciones restantes, manteniendo el 10% al sindicato. El otro, de necesidad y urgencia, modifica inconstitucionalmente el marco regulatorio del servicio, reduciendo los requisitos de calidad, expansión y universalización de la cobertura y permitiendo el aumento ilimitado de las tarifas y el corte total del servicio por falta de pago, entre otras regresiones inadmisibles. Además, dispuso un plazo perentorio de 8 meses a partir de agosto para la privatización. Diversas organizaciones ya presentaron demandas y una primera medida cautelar ratifica el agua como Derecho Humano y suspende el corte del servicio durante 6 meses.

Por otro lado, tras el anuncio de la privatización se develó que AySA tiene un contrato de asesoría desde noviembre de 2024 con Mekorot, empresa estatal de aguas de Israel, denunciada internacionalmente desde hace años por robarle el agua al pueblo palestino, por apartheid, y por convertir el agua en un arma de exterminio. A pocos días del 7 de octubre de 2023, Mekorot cortó sus cañerías de agua potable en Gaza, restableciendo luego el servicio al mínimo y de manera intermitente, violando así el derecho humanitario internacional. Directivos de Mekorot aseguran que no tendrían problema en continuar con quien quede a cargo de AySA. De esta manera, el AMBA se suma a las 10 provincias que desde 2022 tienen acuerdos con esta empresa cómplice del genocidio en Palestina.

Movilicémonos por el Agua, por la Vida

Por todo eso, llamamos a unir fuerzas contra la privatización de AySA y a favor de la plena vigencia de este bien público y derecho humano. Unamos fuerzas por un AySA destinada a garantizar realmente el acceso de las mayorías populares al agua potable y cloacas. Unámonos a las luchas por el agua en todo el país: contra las mineras en la cordillera, las salmoneras en el sur, el fracking, los desmontes, los agrotóxicos, las autovías destructivas y las petroleras en el mar, de los pueblos indígenas por sus territorios, derechos y el buen vivir. Unámonos a las luchas que en el mundo entero rechazan la mercantilización del agua y su uso como instrumento de especulación y deuda. No permitamos que el agua sea convertida en arma de exterminio.

¡No es No! ¡No tienen licencia social! ¡El Agua es un derecho, no una mercancía! ¡Basta de extractivismo, contaminación y saqueo!

Exigimos el rechazo a los decretos de privatización y de retroceso del marco regulatorio y que se den de baja todos los contratos y convenios con Mekorot en el país. Reclamamos la participación de lxs trabajadorxs, comunidades y organizaciones de usuarixs en la administración de la empresa.  Demandamos el fin del sometimiento a los dictados de los organismos financieros internacionales y al lucro de las grandes corporaciones.

El Agua es Vida

No a la Privatización de AySA, no a los Decretos 493 y 494/2025

Fuera el FMI

Fuera Mekorot de Argentina y de Palestina

Colectivo de organizaciones socio ambientales.

– Buenos Aires y Área Metropolitana, septiembre 2025