GIEI HONDURAS PRESENTÓ EL INFORME FINAL SOBRE CASO BERTA CÁCERES.
Una operación criminal organizada, cuidadosamente planificada» y con estructura de coparticipación del Estado.
El lunes 12 de enero de 2026, El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (integrado también por juristas argentinos) para el caso de Berta Cáceres (GIEI Honduras) hizo entrega de su Informe Final, en un acto oficial llevado a cabo en Tegucigalpa, sobre el asesinato de la dirigente Berta Cáceres.
Berta era una líder indígena lenca y defensora ambiental y de derechos humanos que encabezaba la oposición a un proyecto hidroeléctrico en los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara, en Honduras.
El informe de 530 páginas que reconstruye de manera integral el asesinato ocurrido el 2 de marzo de 2016 responde a uno de los principales interrogantes del caso: quiénes ordenaron y financiaron el crimen. Con la presentación de este Informe y el cierre de su mandato, se abre un momento decisivo: el de transformar sus conclusiones y recomendaciones en acciones concretas orientadas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
El informe final del GIEI revela que el asesinato de Berta Cáceres fue una operación corporativa con motivación económica, financiada con recursos desviados del proyecto Agua Zarca.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) toma nota de que el Informe contiene recomendaciones dirigidas a diversas autoridades y actores, y a la propia CIDH; valora el rigor y la integralidad de los hallazgos presentados; y reitera que, en el marco de su mandato, dará seguimiento a dichas recomendaciones a través de los distintos mecanismos y herramientas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la perspectiva de la centralidad de las víctimas y sus familiares.
De acuerdo con el informe el crimen involucró a sicarios, intermediarios con formación militar, directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y redes de apoyo estatales.
Para el GIEI, en la investigación intervinieron desde su origen, agentes estatales con probados vínculos con la empresa DESA, fraguando pistas falsas y desviando la pesquisa para proteger los intereses de la empresa, al tiempo que las agencias judiciales orientaron sus esfuerzos en investigar al entorno de la víctima y a los integrantes de la organización indígena COPINH.
En los 10 años transcurridos desde el crimen, el Estado omitió deliberadamente profundizar la investigación sobre la junta directiva de la empresa DESA, desarrolladora del proyecto Agua Zarca, integrada por la familia Atala Zablah de alto poder económico en Honduras. Concluye el GIEI que esa investigación debió realizarse, en tanto responde a los reclamos de las víctimas y encuentra sustento en la información que existía en la causa desde los inicios.
A partir de la presentación de este Informe Final, la CIDH cuenta con elementos renovados y actualizados que le permitirán continuar, junto con los familiares y el Estado, su labor de seguimiento en el caso de Berta Cáceres, así como en otros casos de personas defensoras de derechos humanos que enfrentan atentados y represalias por su labor. En ese marco, la CIDH manifiesta su convicción de que este Informe constituye un insumo relevante para fortalecer la respuesta institucional en términos de esclarecimiento de los hechos, rendición de cuentas y prevención de nuevas violaciones.
El GIEI estableció que las autoridades contaban con información previa, obtenida mediante intervenciones telefónicas, sobre la planeación del asesinato, sin que se adoptaran medidas para evitarlo.
El informe también documenta que alrededor de 18 millones de dólares provenientes de bancos internacionales de desarrollo fueron desembolsados para el proyecto y que una parte significativa de esos recursos se desvió para financiar vigilancia, incursiones armadas y el propio asesinato. Además de esclarecer responsabilidades, el documento propone un plan integral de reparaciones.
Según el GIEI, los fondos tuvieron origen en instituciones financieras de Holanda, el Banco Centroamericano de Integración Económica y un banco de desarrollo finlandés.
Entre las medidas planteadas por el GIEI están la cancelación definitiva de la concesión del proyecto hidroeléctrico, el reconocimiento del título colectivo sobre las tierras del pueblo indígena lenca, el procesamiento de actores empresariales y financieros involucrados y la depuración de archivos de inteligencia en poder de las Fuerzas Armadas.
Ahora, el GIEI espera que el Ministerio Público de Honduras analice la evidencia y actúe en consecuencia. Claro que sin dudas esto será una difícil batalla a partir del momento de que asuma el gobierno Nasry “Tito” Asfura representante de la extrema derecha hondureña y alineado con la política del presidente Trump.
Aun así, la CIDH tendrá un papel clave en el seguimiento de las recomendaciones, a casi una década del asesinato, cuando aún persisten pendientes acciones fundamentales en materia de justicia y reparación para las víctimas y las comunidades afectadas.
En Argentina, fueron muy pocos los medios nacionales que informaron sobre este significativo hecho. ¿Seguirán ocultando la problemática ambiental mundial, la vida y enseñanzas de Berta Cáceres y la lucha de los pueblos en defensa de sus legítimos derechos? Esto es un desafío para no ocurra, y nos involucra a todos y todas.
Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente.
