La lucha de los vecinos de Ituzaingó marca el camino

Después de 10 años de lucha el tribunal de la Cámara I del Crimen de Córdoba condenó ayer -21 de agosto- a tres años de prisión no efectiva, al productor rural Francisco Parra y al piloto aeroaplicador Edgardo Pancello por las fumigaciones ilegales en el Barrio Ituzaingó y absolvió al productor Jorge Gabrielli.

La sentencia comprueba el delito, pero los culpables no irán a prisión. La sentencia crea un precedente, pero pobre en cuanto a cualquier tipo de remediación y proyección futura. Fue clara Sofía Gatica –fundadora de Madres del Barrio Ituzaingó e impulsora de la causa, tras perder a una hija con malformación de riñón en 2002– que apenas conoció la sentencia dijo que “no tenía nada que decir”. y expresó “¿Quién nos devuelve la salud a nuestros hijos?”.

Obviamente que la condena marca un antes y un después, pero nos quedamos con las reflexiones de Lucía Fernández, del colectivo “Paren de Fumigar”, cuando dijo a un diario de circulación nacional, con respecto al fallo: “la sensación que nos deja esta condena es de absoluto dolor, porque no era lo que esperábamos”. E inmediatamente agregó: “Vamos a seguir dando pelea por un ambiente saludable para todos, para que no haya más enfermos ni muertes que podrían ser evitables”.

Durante el juicio se presentó un informe que demostró que al menos 114 menores, de un total de 142 que residen en el barrio Ituzaingó Anexo, tienen agroquímicos en sus organismos. Pero a los jueces, que parecen desconocer los derechos supremos de niño, no les alcanzó para mandar a prisión a los responsables.

La causa fue elevada a juicio tras constatar que la zona estaba contaminada con un cóctel tóxico, según estudios realizados en el lugar. Agua contaminada con arsénico, PCB de los transformadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) emplazados en el sector y los agrotóxicos por las fumigaciones. En el Barrio Ituzaingó fueron denunciados 200 casos de cáncer, cien de ellos fatales.

En Argentina se utilizan anualmente alrededor de 240 millones de litros de glisofato, un potente herbicida destinado al cultivo de la soja transgénica, oleaginosa que  progresivamente viene extendiendo la cantidad de hectáreas que utiliza y que desató la ofensiva de los grandes pools de siembra en perjuicio de nuestros bosques nativos impulsando el permanente corrimiento de la frontera agropecuaria.

Paradójicamente, el mismo día que se da a conocer la sentencia, los diarios publican que Monsanto, con el aval del Gobierno nacional, se aseguró el cobro de las regalías por su nueva súper soja que sin dudas exigirán más y más poderosos pesticidas para su desarrollo.

Hace apenas unos días, 21 expertos de distintas disciplinas científicas de la Universidad Nacional del Litoral presentaron a la Justicia un extenso informe sobre toxicidad del glifosato, el agroquímico utilizado en los cultivos de soja transgénica. El trabajo, considerando aspectos toxicológicos, efectos en el ambiente, en alimentos y en la salud humana; e incluyendo sobre el final un apartado que hace especial hincapié en los procesos de atenuación y remediación relacionados con el glifosato, plantea como primera conclusión, que “No existen agroquímicos inocuos”. (texto completo del informe clic aqui )

Después de 10 años de lucha iniciados por las Madres de Ituzaingó, que se convirtieron en símbolo de los reclamos contra la contaminación con agrotóxicos, se dio un paso histórico pues se comprobó que hubo delito, que las fumigaciones dañan y que no se puede permitir que esto vuelva a ocurrir. Ahora falta que los responsables vayan presos.

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