Territorio, megaproyectos y urbanizaciones cerradas

Por Héctor Casazza (*)

Los gobiernos municipales, transformados en gestores y promotores, utilizan el axioma que dice que los megaproyectos y las urbanizaciones cerradas son buenos para todos los ciudadanos porque crean riqueza y puestos de trabajo que repercuten en el progreso de la sociedad donde se construyen. Pero una de las consecuencias que traen estos megaproyectos es el desplazamiento del poder político desde la comunidad hacia el mundo económico y empresarial, que se apropia de las áreas vacantes, fragmentando, desordenando y segregando el territorio con urbanizaciones cerradas. Lo que marca la pauta, lo que atrae la inversión, es la propiedad del terreno, no la necesidad de la comunidad.

Las grandes superficies comerciales asociadas –hiper, malls, shoppings– genera una absorción económica vía desde los centros históricos existentes, que son vaciados o degradados económicamente. Lgrando lo contrario de lo que anuncian: o sea, que los beneficios empresariales no sólo no producen mejoras en la calidad de vida de las personas sino que son los contribuyentes quienes hacen posible, con dinero público, que se generen esos beneficios para unos pocos: con las obras de infraestructura necesarias para que en esos proyectos cierre la ecuación económica de las ganancias extraordinarias, que las paga el pueblo (autopistas, redes sanitarias y de energía externas, obras hidráulicas)…

Con la recalificación urbanística (otorgada por los mismos gobiernos municipales) de tierras que previamente son adquiridas a un valor rural -no tienen calificación urbana-, creando un plusvalor que licúa con creces la inversión inicial, capital que muy generosamente el pueblo –a través de sus representantes– les pone en el bolsillo a los emprendedores…, o recibiendo concesiones y/o exenciones impositivas extraordinarias por los gobiernos municipales como son las exenciones de pago de los derechos de oficina, de construcción, etc.

El pretexto para hacer los proyectos es el beneficio que generan, cuando en realidad, todos están financiados, directamente o indirectamente, con dinero público. La idea de que son buenos para todos porque el crecimiento es bueno, no es cierta: generan y/o aumentan la desigualdad.

Por otro lado, se ocultan los costos y los daños ecológicos y sociales: el modelo de ciudad que se construye basado en las obras que necesita el sector inmobiliario no es un modelo sustentable. Los estudios de impacto ambiental necesarios para su aprobación por los organismos de control competentes, están hechos a medida de cada emprendimiento: por ejemplo, el aumento del riesgo de inundaciones en los barrios del entorno existente no se considera o es minimizado, y las futuras obras necesarias para solucionar o mitigar los efectos causados, nuevamente las deberán pagar los ciudadanos.

El objetivo económico es la acumulación de capital para poder seguir acumulando capital –o la producción del suelo destruyendo el territorio.

¿Cómo las lógicas económicas de este neocapitalismo afectan e influyen en la configuración de los entornos residenciales y comerciales?

¿Qué ganamos los ciudadanos cuando nos privatizan la planificación del territorio, herramienta histórica de gestión pública?

¿Cuáles son los límites del crecimiento?

En un territorio metropolitano subdesarrollado como el conurbano bonaerense, con una estructura urbana que carece de espacios públicos y de los equipamientos de vivienda social, salud y educación a escala de sus necesidades, el capital inmobiliario especulativo como nuevo paradigma urbanizador sólo produce cosas innecesarias para las comunidades como la promoción de viviendas de lujo, oficinas, grandes centros comerciales, barrios cerrados, campos de golf, puertos deportivos, paseos de compra, centros de spa…, proyectos regidos únicamente por la lógica del promotor que concibe la intervención en el territorio sólo como una fuente de plusvalías económicas.

Operaciones urbanísticas, que se realizan gracias a una recalificación del suelo rural, que pasa a rezonificarse con un alto coeficiente de edificabilidad.

Se presiona a los Municipios para que recalifiquen y en la operación se ganan millones, parte de los que costó la compra.

Quienes deben impedir los desmanes urbanísticos son quienes los promueven.

Conclusión: la extensión de esa lógica de la acumulación depredadora es la destrucción del tejido social y los ecosistemas, mientras el objetivo económico es la acumulación de capital para poder seguir acumulando capital.

Las corporaciones controlan, fijan precios, sobornan y son una influencia dominante en el Estado. Se da, pues, una confusión entre el interés privado y el público. De hecho, el primero acaba por transformarse en el segundo.

¿Qué capitalismo es este que piensa que los fondos públicos son suyos? Los planes de Infraestructuras destinan millones a obras, como una especie de compensación a esas corporaciones. Un ejemplo de la transformación del interés privado en público: el proyecto del tren BALA, que a 350 kilómetros por hora gastaría tanta energía como una ciudad de 25.000 habitantes, mientras se desmantela la red del ferrocarril y se construye un país cuyo futuro es tener la mayor densidad de kilómetros de autopista por habitante.

Se sobreestiman los beneficios, se subestiman los costos y se ignoran los impactos ambientales. La legitimidad democrática de un gobierno depende de la existencia de un debate público abierto e informado tanto durante las elecciones como a la hora de tomar decisiones públicas. Sin embargo, lo habitual es su ausencia, para evitar que los ciudadanos puedan comprender, participar e influir en las cuestiones que realmente les interesan. Los profesionales de la política sólo reconocen legitimidad a las elecciones, a pesar de que la Constitución muestra claramente el derecho a participar directamente en los asuntos públicos. Todo esto plantea serias dudas sobre la calidad real de la democracia. De hecho, el deterioro ambiental es, cada vez con más claridad, un resultado directo del deterioro de la calidad de la democracia y de la manera autoritaria (sin debate, sin transparencia, con intimidación) de tomar (imponer) decisiones.

Frente a esta situación, los movimientos ciudadanos han demostrado que pueden practicar una democracia, en el sentido de debate público y de argumentación razonada, de mejor calidad que la «oficial».

Derecho a la Territorialidad
Es necesario comprender el territorio contemporáneo en toda su complejidad y redefinir el espacio público, el municipio y la residencia con un enfoque crítico, desprejuiciado y multidisciplinar. Detectar los modos de habitar y de habitación, de ser social que nuestro espacio genera para conocer tanto sus potencialidades como sus limitaciones, para poder intervenir de manera efectiva en la ordenación del territorio: el derecho a la territorialidad que le pertenece a la comunidad que lo habita, no a los emprendedores que deciden una planificación propia que lo mutila o al gobernante de turno, elegido precisamente para defender los intereses de todos.

Derecho a la territorialidad que es, además:

– proyectar la recuperación y protección de los arroyos, parques, selva ribereña, humedales y playas naturales para todos, con actuaciones concretas sobre los distintos espacios naturales. En el marco de un plan general de ordenación urbana que tenga una relación directa con las problemáticas y las situaciones reales, abierto y gestado por la comunidad, como un proyecto público que pretenda llevar el debate y la reflexión sobre el territorio involucrando y conectando a personas, instituciones, asociaciones y las ongs.

– cartografiar las tensiones, riquezas y potencialidades (sociales, económicas, biológicas, ambientales…) de un territorio urbano tan negativamente connotado, con el objetivo final de mostrar simultáneamente todos los elementos -humanos y no humanos- que coexisten, intentando al mismo tiempo plasmar las distintas relaciones -físicas y virtuales- que se establecen entre ellos. Por ejemplo, flora y fauna que hay actualmente y la que podría haber si se sigue una política urbanística razonable.

– analizar las causas, consecuencias e implicaciones económicas, sociales y ambientales de las urbanizaciones cerradas, que se han desarrollado en numerosos puntos del territorio, especialmente en las zonas costeras y en las riberas o llanuras de inundación de los arroyos, con una enorme masa de construcción nueva –en su mayor parte desocupada (vivienda suntuaria) o infrautilizada…

– estudiar la necesidad de un cambio radical en la manera habitual de observar los acontecimientos económicos que, tradicionalmente, se han centrado únicamente en analizar la realidad desde la perspectiva del mercado y de lo monetario. Ese cambio radical debe venir de la mano de la economía Ecológica que analiza, entre otras cosas, la dimensión física, social e histórica de la actividad económica como una unidad…mientras las corporaciones hacen la defensa de sus intereses desde el punto de vista exclusivamente económico (extraccionista), mediante la manipulación y el control de los medios de propaganda.

Y para hacer frente a este capitalismo gansteril que crea precariedad salarial y saqueo de fondos y tierras públicos: más independencia judicial, más fiscales de medio ambiente y anticorrupción, más democracia, una sociedad civil más activa y por último: desobediencia civil. Hay que usarla de manera pacífica, seria e inteligente, pero empezar a usarla ya.

Berazategui, Diciembre de 2009

 

(*) Miembro del Foro, casi desde su fundación. Falleció repentinamente en enero de 2010.
En los últimos años había concentrado su atención en cuestiones relacionadas con el anormal crecimiento urbano y como éste afecta al medio ambiente, y por ende a la salud humana. Era un defensor de la tierra como propiedad social. Su voz se alzó con fuerza ante los avances de los barrios cerrados en Berazategui y alertó sobre la maniobra de Techint en la ribera de Bernal y Avellandea. Con fundamentos incontrastables desenmascaró a quienes defienden el llamado “progreso” a cualquier costo.