Un proyecto de ley para el cuidado de la salud
Como estaba previsto el jueves 6 de diciembre se presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de ley sanitaria que protegerá a la población de las estaciones eléctricas y cables de alta y media tensión. Es el fin de una etapa de trabajo que cierra meses de consultas a profesionales y científicos e ínterconsultas entre distintos barrios del país y organizaciones sociales que hemos participado en el armado de esta nueva herramienta de lucha.
El 6 de diciembre, se realizó una importante actividad en la Sala José L. Cabezas del Congreso de la Nación presidida por las Diputadas Nacionales Victoria Donda y María Luisa Storani, y representantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Vida de la Subestación Rigolleau, del Foro por los Derecho de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Berazategui, el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, la Red de Vecinos por la Vida y Fundación FUNEAT de Carlos Paz y Vecinos Autoconvocados de Malvinas Argentinas y Los Naranjos de Jujuy.
El proyecto -con número D-8452/12- lleva la firma de los legisladores: Victoria Donda, de Libres del Sur; Víctor De Genaro, Claudio Lozano, Antonio Riestra, y Graciela Iturraspe de la Unidad Popular; Gerardo Milman y Omar Duclós del GEN; María Luisa Storani, Eduardo Santin y Mario Fiad de la UCR y Horacio Piemonte de la Coalición Cívica-ARI.
Hicieron llegar su adhesión el concejal de Vicente López por el FAP Carlos Roberto, el Dr. Norberto C. Darcy Jefe del Área de Defensa de Consumidores de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el Dr. Raúl Montenegro de la FUNAM, las Asamblea Sol y Río de Pie, Sol y Río en Lucha, el Centro Vecinal Villa Independencia, -todos ellos de la ciudad cordobesa de Carlos Paz- y la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires
Estuvieron presentes representantes de diversas organizaciones sociales: la Asociación Sindical de Trabajadores de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), la Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud de Argentina; Espacio InteCuencas y la Asociación de Estudiantes Universitarios de Berazategui, entre otros.
Adhirieron al proyecto el Programa de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
El “PROYECTO DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCIÓN A LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DE BAJA FRECUENCIA PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN” es una iniciativa que surgió durante un debate realizado por vecinos y organizaciones de Berazategui, en el que participó en Dr. Raúl Montenegro, en el mes de julio de 2011.
La idea empezó a tomar forma y la diputada Donda, conjuntamente con la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Berazategui, el Foro en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente y el Foro por los Derecho de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Berazategui, convocaron en junio de este año a una Audiencia Publica. En este encuentro se escucharon las intervenciones del Prof. Raúl Montenegro (Univ. de Córdoba) y el Lic. Ruben Andrinoli (Univ. de la Plata), y los aportes de vecinos de Ezpeleta, Berazategui, Vicente López, Ituzaingó, Moreno, Misiones y Carlos Paz, y varios de los participantes, opiniones que se convirtieron en la base con las cuales se inicio el escrito del proyecto.
Un segundo paso, de enorme importancia, fue el encuentro de Barrios Irradiados, agrupamiento que se creó en la mencionada audiencia, y que se reunió por primera vez en la ciudad de Carlos Paz, Córdoba, en septiembre pasado. Allí se puso en discusión el primer borrador de proyecto.
El tercer momento a destacar es la incorporación de los vecinos organizados de los Barrios Islas Malvinas y los Naranjos de Jujuy.
En el medio se realizaron decenas de entrevistas con técnicos, profesionales y científicos de distintas disciplinas que fueron incorporando los elementos necesarios para presentar un proyecto que inicia otro momento en la discusión de cómo evitar la contaminación electromagnética.
El proyecto propone resolver el vacío normativo que existe entre los requisitos técnicos pautados para la construcción y funcionamiento de estaciones eléctricas y cables de media y alta tensión, y medidas sanitarias y ambientales que protejan a la población y viviendas lindantes.
Plantea que las obras que transforman 132.000 a 13.200 voltios (de alta a media tensión) o de 13.000 voltios a 220 (de media a baja tensión)- lo que llega a cada una de nuestras casas-, no pueden construirse en zonas pobladas, ni pegadas a viviendas, escuelas, centros de salud o lugares de uso permanente de ancianos y niños. En caso de las ya instaladas, deben adecuarse para reducir al mínimo los riesgos previstos, es decir no superar los 0,3 uT, medidos en esos lugares sensibles.
El proyecto plantea la realización de estudios sanitarios y una medición permanente de las emisiones de los campos electromagnéticos en viviendas lindantes a estaciones y cableado eléctrico, por profesionales y académicos que no reciban fondos de las empresas del sector, con la supervisión de los propios vecinos y sectores involucrados.
La zona metropolitana actualmente enfrenta una situación difícil con las empresas eléctricas, hay una crisis profundizada luego de la privatización en los 90, debido particularmente a una manifiesta falta de inversión por parte de las principales empresas prestadoras del servicio eléctrico.
Hay una complicidad y una connivencia muy grande por parte del organismo de control (ENRE) y las multinacionales de la electricidad. Por eso el proyecto plantea mecanismos de participación de la población afectada y las organizaciones sociales y vecinos de los barrios afectados en el procedimiento de habilitación, puesta en marcha y control de las obras.
El proyecto recoge el importante debate, que existe en el mundo, sobre los efecto que provocan en la salud estas instalaciones, debate que a llevado a la Organización Mundial de la Salud, -que aún tiene una mirada bastante conservadora sobre muchas investigaciones- ha clasificado a los campos electromagnéticos como posible cancerígenos, especialmente atendiendo estudios de leucemia en población infantil.
No existe en nuestro país ninguna norma a nivel nacional que regule desde un punto de vista sanitario o ambiental este tipo de obras. Ya nadie puede discutir que si una estación de alta tensión de 135.000 voltios está rodeada de casas de familia, escuelas o salas de salud habrá impacto ambiental negativo.
Sólo hay resoluciones del Ente que regula el servicio eléctrico a nivel nacional, el ENRE, que plantean requisitos cada vez más laxos para la habilitación de obra y límites de emisiones bastante altos, fijados en la resolución 77/98. No hay ningún ente oficial que hoy asegure, de manera taxativa, de que el electromagnetismo no enferma y mata.
Muchas de las subestaciones transformadoras que funcionan en el país han sido construidas hace décadas, estás con el correr de los años han quedado en zonas urbanizado y hoy están rodeadas de viviendas. En los últimos años, con el aumento de la demanda, las empresas han optado por aumentar la potencia de muchas de las obras (cableado y estaciones) ya instaladas, en lugar de construir nuevas en lugares alejados.
A su vez, el proyecto exige que las nuevas subestaciones sean instaladas en zonas alejadas de las poblaciones y especificas las normas técnicas y sanitarias que deben guardar para evitar la ya probada contaminación. Las que ya se encuentran en zonas pobladas deberán ser reubicadas o en su contrario deberán ser adecuadas hasta cumplir con los requisitos que exige la ley.
Los conflictos que hoy vemos en distintas localidades son la respuesta a una política inhumana de un fenómeno nuevo pero que en pocos años ha empezado a ser resistido por el pueblo. El tema empiezan a hacerse visible y las consecuencias en la salud de la gente que vive pegada a las obras son evidentes. Así los demuestran los 170 fallecidos por cáncer alrededor de la estación y cableado de Sobral en Quilmes o los muertos y enfermos del Barrio Malvinas Argentinas en Jujuy, lugares donde se han hecho relevamientos sanitarios.
La falta de certezas de que haya una relación directa entre estas obras y las enfermedades, tal como lo señala nuestra Ley General de Ambiente, “no deberá utilizarse como razón para postergar medidas eficaces en función de los costos económicos”. Por eso el proyecto establece límites razonables de emisión (estudios internacionales ya indican posibilidad de leucemia infantil por encima de esas cifras) y la realización de relevamientos sanitarios y mediciones en todas estas obras en funcionamiento.
No existen muchos antecedentes en la región de este tipo de legislación por lo que seguramente a través de un debate serio y profundo el proyecto tendrá muchos aspectos que ajustar y corregir, por ello es ante todo es un instrumento para dar el debate en la sociedad, en los ámbitos de gobierno y en los académicos sobre la necesidad de dar respuestas a los reclamos de la población en este tema. Hay funcionarios que defienden a muerte una resolución de hace 14 años, y no tienen respuesta idónea para los casos de enfermos y fallecidos que les pone la gente sobre la mesa. Hacen falta profesionales y funcionarios más comprometidos con su pueblo y menos con las empresas.
(Ver texto completo del proyecto de ley)
