La reserva de biosfera Parque Pereyra otra vez en manos de la voracidad de los negocios

Cotidianamente la “Justicia”, salvo honrosas excepciones, nos demuestra que es uno de los pilares fundamentales de un sistema que prioriza los intereses de los poderosos y de los negociados por encima de los intereses populares y de las grandes mayorías. 

Lamentablemente, en estos últimos años se ha tratado de centrar las incongruencias de los distintos estamentos del Poder Judicial, en la disputa que el gobierno tiene con algunos medios periodísticos, particularmente con el grupo Clarín. Pero el mismo ninguneo que hacen con la Ley de Medios, lo hacen con otras leyes que tampoco se aplican o produciendo fallos que afectan a la población o sosteniendo jueces sospechados de corruptos. En las cuestiones relacionadas con la defensa de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente eso es aún más notorio. 

Es el caso puntual de la resolución tomada por la Corte Suprema de Justicia, el 24 de septiembre, relacionado con la construcción de la cuarta etapa de la autopista Presidente Perón, a través de la cual revocó la Cautelar que protegía al Parque Pereyra Iraola, de la voracidad de Vialidad Nacional. 

Con una resolución dividida, donde los Jueces Carlos S. Fayt y Carmen M. Argibay mantienen la cautelar, basándose, entre otras cosas, en el hecho de que una sentencia incompleta no es susceptible de habilitar la jurisdicción extraordinaria que prevé el Art. 14 de la Ley 48. Fundamentando que ello es así, pues la consideración actual del asunto impondría al Tribunal el fraccionamiento de su jurisdicción, para resolver la causa por partes y no de manera final. 

Los demás miembros de la Corte, con el Dr. Ricardo Lorenzetti a la cabeza, votaron en contra de mantener la Cautelar, aludiendo a los graves problemas económicos que este hecho le genera al Estado Nacional, por ya haber licitado dicha obra, ocultando que el mismo Estado no cumplió con la realización de los estudios de Impacto Ambiental, antes de dicha licitación. 

En otro párrafo de la resolución, dice textualmente que “la parte actora no demuestra el presunto daño ambiental en el territorio del parque que pudiera provocar la construcción del tramo IV a. 

Es inaudito que no tengan en cuenta el Principio Precautorio de la Ley General del Ambiente y que sean los ciudadanos quienes deban demostrar el posible daño que inflingiría su construcción. 

Por otro lado, es al menos extraño, que el dictamen de la Procuradora General de la Nación, haya utilizado para defender la construcción de la autopista, exactamente los mismos argumentos de Vialidad Nacional, pareciera que se lo hubiesen dictado. 

De lo que nadie habla es que el litigio es en el tramo IV, pero no se entiende, porqué razón no avanzan con los otros tres tramos, hasta llegar a la Ruta 53, desde donde Vialidad había presentado otros proyectos que llevaban el tránsito pesado hacia la ruta 6 y el liviano hacia la ruta 2 ¿o será que lo más importante es el último tramo en razón de posibles emprendimientos inmobiliarios?   

En definitiva la voracidad del negocio, se pone por encima de la propia necesidad de la Autopista en cuanto a sus repercusiones económicas y sociales. Y el trazado de la misma no se lo pensó evitando deteriorar uno de los últimos pulmones verde que tiene el conurbano bonaerense sur. 

Una  vez más sólo la movilización social logrará impedir que se avance con otra injusticia.
Reunión para decidir los pasos a seguir, el sábado 19 de octubre a las 16 horas en Camino Centenario y 403.   

 Río de la Plata, 18 de octubre de 2013

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