Los negocios de Armella y Mussi: Ahora tiene que hablar la Justicia y el Ejecutivo Nacional
Corría el año 2005 y desde el Foro uníamos nuestras voces de alerta y protesta a la de los vecinos de Ranelagh por la Tosquera Arroyo las Conchitas que Canteras del Sur, empresa perteneciente a Gildin S.A., ilegalmente ponía en funcionamiento.
Para ello, previamente el Concejo Deliberante de Berazategui, por ordenanza 3991, había modificado la zonificación de los predios que abarcaría la mencionada tosquera, -que hasta ese momento era zona residencial (R4) y las afectaba a zona rural- y 24 hs. después el Intendente Juan J. Mussi (actual Secretario de Medio Ambiente de la Nación) a través del decreto 1566 promulga la ordenanza que autorizaba la explotación industrial, con la argumentación de que “la peticionante ha dada cumplimiento a los requisitos y prerrogativas tácticas exigidas por esta Administración”.
No está demás recordar que esta documentación nunca se hizo pública, a pesar de los distintos reclamos realizados, y que la llamada zona rural queda en medio de un barrio densamente poblado, con casas en frente de la cantera, a 200 metros de la escuela Nº 3 y 500 metros del Barrio Marítimo, complejo habitacional de más de 5000 vecinos. Obviamente no estamos hablando de una zona rural, pero fue allí donde se generó un emprendimiento minero que tiene 20 hectáreas de extensión, y que es el más grande del conurbano bonaerense.
A principios de mayo de 2006 los vecinos del lugar denunciaron ante la Secretaria de Minería esta absurda designación de predio rural en medio de viviendas.
Después de varias acciones y denuncias judiciales la Secretaria de Minería clausura el emprendimiento por estar en zona urbana y contar con un valor altamente contaminante. La empresa apela la resolución y después de pasar por varios jueces es el Dr. Armella quien permite que de este lugar se siga sacando tosca, ahora ya para venderle a Acumar, según la denuncia de Horacio Verbitsky
En el medio se sucedieron amenazas contra los vecinos más activos, compra de voluntades de los habitantes del lugar más necesitados -ofreciendo trabajo en la empresa-, llegando al absurdo de generar “pronunciamientos” pidiendo la tosquera porque era un avance para el barrio, accionar que fue acompañado con declaraciones de funcionarios municipales que justificaron la autorización porque era para impedir la creación de un asentamiento. Es decir no ahorraron medidas para evitar que se paralicen las excavaciones y perdure el objetivo final que era -y es- hacer plata a cualquier costo.
La construcción de una tosquera en ese lugar era socialmente inadmisible, ambientalmente incorrecta y solo respondería a un negociado, que tenía mucho futuro, tal cual lo prueba en estos días la denuncia realizada por Horacio Verbitsky en Página/12, cuando analiza que estas compañías, son las prestatarias de servicios a Acumar (que casualmente preside Juan J. Mussi) en las obras de saneamiento de las orillas del Riachuelo. Empresas que cobran por sus servicios hasta cuatro veces más que el valor del mercado. Después de algunos años sale a la luz el fondo de la cuestión, pero ya es bastante tarde pensando en los perjuicios sanitarios que trajo ubicar una tosquera en medio de la ciudad.
Tampoco está demás recordar que en un trabajo publicado por el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, basado en un estudio realizado por Jorge Eloy Giménez y Mirta Cabral, del Instituto de Geomorfología y Suelos, que depende de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos de la Universidad de La Plata, en el que se pone de manifiesto el grave problema que es la diseminación de cavas o tosqueras, las que además de degradar la tierra y contaminar las napas, se cobran anualmente una cantidad de víctimas humanas, ya que los desprevenidos se ven tentados por un espejo de agua en épocas de altas temperaturas y queda atrapados en sus aguas.
Las cavas presentan un problema adicional: Una vez que fueron abandonadas, casi indefectiblemente, se llenan de agua o basura (o ambas) que convierten al espejo de agua en un foco infeccioso, ya que los residuos domiciliarios que allí se arrojan generan en su descomposición líquidos lixiviados que son altamente contaminantes. En Berazategui hemos logrado ubicar 26 cavas que ocupan una superficie de 156,1 hectáreas.
Negocio y corrupción en desprecio de los intereses y la salud de la población. Una lógica que se repite cada vez que analizamos un problema ambiental.
Reclamamos que las autoridades políticas nacionales y el Poder Judicial actúen con toda severidad, a pesar del daño irreparable que ya han cometido. Sólo así se podrá decir que vivimos en un país democrático que respeta los derechos humanos esenciales.
Río de la Plata, 3 de septiembre de 2012
