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El Juez que les negó Justicia a los vecinos de la Subestación Rigolleau, haría negocios millonarios aprovechando su investidura

Operativo policial para finalizar obra ilegitima, resistida por los vecinos.

Operativo policial para finalizar obra ilegitima, resistida por los vecinos.

El Juez Federal Luis Armella es el juez que ordenó se termine con la construcción de la subestación Rigolleau, ignorando el reclamo de los vecinos y en complicidad con el Enre y el Municipio, permitió la militarización y represión de la barriada. Es el Juez que nunca respondió la medida cautelar interpuesta por los vecinos en defensa de la salud y la vida, es el mismo que tardó 60 días en declararse incompetente ante un recurso de amparo, y de esa manera permitir que Edesur termine  las obras. Es el Juez que le niega Justicia a cientos de personas. Es el Juez que niega la realidad de la subestación Sobral que ya produjo 170 muertos y dos centenares de enfermos debido al electromagnetismo.

Este Juez ha sido denunciado por el periodista Horacio Verbitsky, a través de una artículo publicado en Página/12 el domingo 26 de agosto, de posibilitar la contratación -en forma directa- a empresas vinculadas con su persona y sus familiares para la realización de obras millonarias que se requieren para la limpieza del Riachuelo, llegando al extremo de clausurar otras empresas competidoras.

Armella, investido del enorme poder que la dio la Corte Suprema de Justicia, intima a la Autoridad de la Cuenca bajo apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos perentorios e invocando estas resoluciones Acumar elude las licitaciones y las obras son realizadas por empresas próximas al juez Armella.

Según Verbitsky, y para probar su investigación, analiza que: “El 24 de febrero de este año se constituyó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la sociedad “San Martín 264 Bernal SA”, con un capital de 30 mil pesos para realizar actividades inmobiliarias y de construcción. Su presidente es el monotributista Francisco Alberto Groba, el suegro del juez Armella, y una de sus accionistas es su hija Marina Laura Groba Martini, una abogada de 35 años, casada con Armella. Otro socio es el arquitecto Aníbal Carlos Nietzel, tío de Marina Laura. El presidente suplente es el abogado portugués Arturo Rodrigues da Silva. Aunque todos sus accionistas tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires, la sociedad anónima cuya denominación es un domicilio de Bernal, se constituyó ante el escribano porteño Mario Gabriel Szmuch, fijó domicilio en Lavalle 1675, 4º 13, de la Capital Federal, y fue inscripta en la Inspección General de Justicia de la Nación. En ese edificio no funciona ninguna empresa con esa denominación”.

Más adelante el columnista de Página/12 sostiene que: “Los precios que cotizan y que la Acumar acepta hasta duplican los de mercado. Lo que se acelera con las intimaciones es la firma de los contratos, no el avance de las obras encomendadas. Hasta el registro de estos procedimientos es difícil, ya que la Acumar contrata esas obras por convenios con otras entidades, como el Organismo Bonaerense para el Desarrollo Sustentable (OPDS), la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad Del Estado (Ceamse), la Universidad Tecnológica Nacional y diversos municipios. Acaso sospechando algo, la Corte Suprema requirió hace dos semanas a la Acumar un informe detallado sobre el grado de avance alcanzado en el cumplimiento de cada uno de los objetivos obligatorios impuestos en su fallo”.

Es oportuno recordar que el presidente directivo de Acumar es Juan J. Mussi, Secretario de Medio Ambiente de la Nación, quien designó presidente ejecutivo de este organismo a Oscar Deina, hombre de su mayor confianza y como Secretario de Planificación Estratégica a Carlos Balor, uno de los políticos más próximos, quien acompaña a Mussi desde hace décadas. Es decir que el ex intendente de Berazategui no puede negar desconocer ninguna de estas maniobras. Además que es sabida la relación entre Mussi y Armella, lo que llevó, cuenta Verbitsky, a que Armella le haya solicitado al ex intendente de Berazategui que designe, en lugares claves de su Secretaría, a amigos y personas de su extrema confianza.

Ambos funcionarios, a pesar de su acercamiento al actual gobierno, fueron parte de la telaraña de relaciones de PJ bonaerense tejida durante el gobierno de Duhalde.

La realidad reclama que la Corte Suprema reemplace a Armella en sus funciones, que el Consejo de la Magistratura inicie una investigación sobre el Juez Federal de Quilmes y que la presidenta de la Nación pida la renuncia de Mussi como Secretario de Medio Ambiente. Quizás así se empiece a hacer Justicia.

Río de la Plata, 27 de agosto de 2012