Agua potable: una larga historia de reclamos y desidias
Por Leda Giannuzzi (*) | En 2002, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (UN, 2002), emitió la Observación General 15, en la que se establece que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud.
El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y condición previa para la realización de otros derechos humanos.
El agua ha sido reivindicada como bien común al considerarla como un patrimonio del planeta donde nadie está excluido de su libre uso y goce, siendo inalienable el control social sobre su aprovechamiento y manejo, así como patrimonio social, natural y cultural.
Los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil han logrado el reconocimiento del acceso básico al agua y al saneamiento como un derecho humano, que debe gestionarse con criterios de solidaridad, cooperación mutua, acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad.
El acceso al agua contempla los siguientes principios:
1) Acceso continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Según la OMS (2005) la cantidad mínima de agua requerida por una persona para beber, uso sanitario, higiene personal y necesidades para cocinar los alimentos es de 40-50 litros/día.
2) Potable es decir apta para el consumo humano y no produzca enfermedades relacionadas con ésta.
3) Accesible al conjunto de la población, sin discriminación alguna por motivos físi¬cos, económicos o sociales.
Estas importantes declaraciones y principios no necesariamente se cumplen. Podemos ver en los mapas que elabora Worldmapper las desigualdades encontradas respecto al acceso del agua en forma continua y suficiente.
Los territorios con mayor tamaño corresponden al mayor número de las personas sin acceso a agua potable básica; estos son India, seguido de Etiopía, Nigeria y China. Eritrea tiene la tasa más baja de personas con acceso a agua limpia, menos del 20%. Papúa Nueva Guinea, Uganda y Etiopía siguen con poco menos del 40%. El peor país europeo es Serbia, donde casi el 10% de la población no tiene acceso a agua limpia.
Argentina ocupa el puesto 17 en disponibilidad de agua dulce del mundo y se encuentra en un territorio ampliamente beneficiado por clima que no sufre limitantes extremas (calor o frío) lo cual le permiten producir sin restricciones.
Sin embargo, lleva una larga historia de derroteros que contemple una mirada estratégica en su gestión que beneficien de la sociedad, la sustentabilidad en el uso y a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Según el último censo 2010, 32,8 millones de habitantes tienen acceso al agua potable por red pública (la cobertura de agua es del 83%) y 19,4 millones de personas cuentan con desagüe de inodoro a red pública (la cobertura de cloaca es del 49%).
El abastecimiento de agua para consumo humano está definido como un servicio que suministra agua en cantidad y calidad para el desarrollo de la vida de los individuos en un ámbito saludable. Estos dos aspectos deben estar plenamente garantizados.
En nuestro país hay grandes deudas sanitarias siendo más predominante en pueblos del interior los cuales carecen de acceso al agua potable.
“En Argentina 7 millones de personas no tienen acceso al agua potable, según informes de la Universidad de Bs As, 2018; el 22% de los 44 millones de habitantes del país no tiene acceso a la red pública de agua y cuatro de cada diez no tienen cloacas, lo cual impacta en la salud pública originando cuadros de parasitosis que afectan especialmente a los niños. Cinco provincias viven situaciones más críticas de acceso a agua de red, son Santiago del Estero, Formosa, Tierra del Fuego, Salta y Chaco. En el caso de hogares sin cloacas las más complicadas son Chaco, Formosa, Salta, Tierra del Fuego y Misiones.
El informe técnico “Agua segura y alimentación, derechos pendientes de ser garantizados” describe la evolución de diversos indicadores que representan la situación de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina y en el Gran Buenos Aires en relación a sus derechos al acceso al agua.
El déficit de acceso al agua de red alcanza el 14% de los hogares de la Argentina urbana y el 18% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA). Dichos niveles casi se duplican cuando se trata de los hogares y los NNyA del conurbano bonaerense (27% y 32%, respectivamente). Este déficit afecta con mayor fuerza a los NNyA de los estratos sociales muy bajos (43,1%) y bajos (38,7%), que viven en condiciones de pobreza (38,9%) e indigencia (40,2%) y en aquellos que residen en villas de emergencia o en asentamientos o barrios informales (50,3%). Asimismo, la probabilidad de acceder al agua de pozo es mayor en el GBA que en el país total (24,8% contra 11,6%), y también es mayor la propensión a tener que acceder al agua fuera de la vivienda (7,4% contra 4,6%).
Estos datos nos muestran que existen graves problemas en el conurbano para acceder al agua potable, lo que se agrava al poner la atención en las poblaciones más vulnerables. A la hora de pensar una solución, es necesario proyectar una política de Estado a gran escala y sostenida en el tiempo.
Otro conflicto que se presenta muy frecuentemente en nuestro país es el avance de proyectos inmobiliarios que avanzan sin cuestionamientos de los organismos controladores que proporcionan avales de dudosa certeza referidos a los estudios de impacto ambiental.
Este irrefrenable aumento de la demanda de tierras en zonas del conurbano bonaerense se ve dramáticamente cristalizada en la zona ubicada a la altura del Km 32 de la Autopista Bs. As. – La Plata donde lotes de 600m2 a 1.500m2 son vendidos para formar cuatro barrios privados llamado Pueblos del Plata que formará parte del Nuevo Berazategui en Hudson. Es lamentable este emprendimiento debido que esta zona constituye un humedal. Esto es, zonas con un suelo en permanente condiciones de saturación con agua durante largos períodos de tiempo, donde el agua juega un rol fundamental en la determinación de su estructura y funciones ecológicas.
El agua de este humedal proviene del Río de la Plata, lluvias y de napas subterráneas en las cuales, plantas y animales se han adaptado a las condiciones de inundación o de alternancia de períodos de anegamiento y sequía. Ya se visualiza la presencia de máquinas excavadoras y la construcción de muros de contención, para confinar el bosque con agua salinizada, extraída de las napas, y así provocar la sequía de árboles y facilitar la tarea de remoción y rellenado de las parcelas.
Este es un caso típico de geofagia, un proceso global que se centra en el aumento escandaloso de demanda de tierras con distintos fines, en este caso un desprolijo e insensato desarrollo inmobiliario.
Cabría preguntarse al menos quien aprobó los planos, los estudios hidráulicos realizados, los loteos o parcelamientos, así como estudios de impacto ambiental.
Muy cercano a esta zona se encuentran los pobladores del barrio Textil de Berazategui, que se ven obligados a recurrir a la compra de agua embotellada porque la calidad de agua que abastece a la población no cumple con los requisitos de agua potable. Según el Código Alimentario Argentino (CAA) el agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario, es aquella que es apta para la alimentación y uso doméstico y no deberá contener substancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. Sin embargo el agua de esta zona que reciben los vecinos en sus casas de la empresa potabilizadora de agua es absolutamente intomable debido al extremo sabor salobre que presentan.
Los análisis fisicoquímicos indicaron niveles de solidos totales disueltos 2500 mg/L, 4.25 mS/cm de conductividad, y 896 mg/L de dureza. El CAA dice que el agua potable debe cumplir con las siguientes características físicas y químicas: Sólidos disueltos totales máximo 1500 mg/L, dureza total (CaCO3) máx.: 400 mg/L.
Las muestras con niveles elevados de conductividad pueden producir alteraciones en el sabor del agua. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud afirma que el agua que contiene más de 1.200 mg/L de sólidos totales disueltos es considerada inaceptable.
Así las cosas, los vecinos deben recorrer un tortuoso camino en busca de agua potable y para ello llevan presentadas denuncias a la Municipalidad sin respuestas hasta la fecha. Lo anterior se agrava en estos momentos en los que debemos convivir con un virus que ha sido clasificado en términos bélicos como enemigo invisible, donde la cuarentena, la higiene y el lavado de manos, alimentos, utensilios es nuestra única defensa.
Como vemos, el servicio básico y derecho universal al agua potable no está garantizado para todos por igual. Cabría preguntarse qué recursos sobrehumanos deberán llevar adelante los habitantes del lugar para cubrir con sus debilitadas defensas. Según dijimos al principio, el acceso al agua potable es el derecho fundamental para la vida y la salud.
Otro problema serio que nos interpela es la presencia de arsénico en aguas de bebida. Constituye un problema de salud pública debido a que es encontrado con alta frecuencia en aguas subterráneas en nuestro país. El arsénico ha sido clasificado por la International Agency for Research on Cancer (IARC), como un agente carcinogénico para humanos con base en estudios epidemiológicos que relacionan la ingestión de arsénico en el agua de bebida con cáncer de piel y estudios ocupacionales que lo relacionan con el cáncer de pulmón. Al menos 4 millones de personas viven en zonas con alto contenido de arsénico en las aguas. En pueblos como Pipinas y Verónica (Municipio de Punta Indio) los vecinos consumen agua con arsénico en niveles que cuadriplican los máximos permitidos y un porcentaje de la población presentan las manifestaciones derivadas de su consumo. Según una evaluación de la población se observa un 20 % más de diabetes tipo II en municipios con arsénico respecto de municipios sin aguas arsenicales. También alta incidencia de queratosis que es una de las primeras formas de manifestarse la enfermedad. Los vecinos esperan informes del Ministerio de Salud de la provincia de Bs As que dé sustento epidemiológico a sus observaciones. Entienden que la salida a este problema es siempre colectiva.
De igual manera llevan adelante sus reclamos la Asamblea por el Agua vecinos auto convocados de Chivilcoy que también sufren el arsénico y los nitratos en el agua de bebida que se distribuye a la población a través de ABSA.
Los vecinos después de una intensa lucha lograron un fallo a favor de la construcción de una planta para el abatimiento del arsénico. La planta aun no distribuye agua potable.
Nuestra propuesta es visibilizar la problemática de Chivilcoy y asegurar para toda la comunidad agua sana, segura y soberana, dice una de las integrantes de la Asamblea del Agua. Luchas como éstas se registran a lo largo y ancho del país, y se expanden el apoyo colectivo. Así los vecinos pelean por lograr definitivamente agua libre de arsénico en Chivilcoy. Otro objetivo es concientizar sobre el derecho de los pueblos al agua. También amplían su mirada y analizan y repudian los efectos irreversibles de la megaminería con el uso de venenos y el derecho de los pueblos a una alimentación sana, segura y soberana.
Continuamos preguntándonos, cómo llevarán adelante su destino las cuatro millones de personas en Argentina que padecen de la exposición de agua con arsénico. ¿Cómo deberían higienizarse en este momento de pandemia?
En tiempos de pandemia y confinamiento es crucial contar con los servicios esenciales para la vida y remarcar la importancia de los servicios públicos tanto en los momentos de crisis como en la vida cotidiana. La pandemia nos muestra la inequidad y fragilidad de nuestro sistema como garante de derechos básicos. En Argentina, millones de habitantes se encuentren en una situación de acceso hídrico precarizado siendo esto una variante de la injusticia social y ambiental arrastrada por años de falta de inversiones e infraestructura para llevar agua segura y servicios sanitarios a la población.
Si bien las normas jurídicas internacionales, nacionales, provinciales y municipales que constituyen el Derecho Humano al Agua son importantes elementos en juego, se visualiza crudamente la falta de garantías concretas de gran parte de la población sin acceso al agua potable que es necesaria para lograr higienizarse correctamente en este momento.
Las asambleas socioambientales reclaman urgencias como el derecho básico del acceso al agua potable, sobre todo en estos tiempos de pandemia.
(*) Profesora titular Toxicología, UNLP e Investigadora Principal CONICET. Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Universidad Nacional de La Plata.
